La presidenta peruana Dina Boluarte no respondió preguntas el miércoles durante un interrogatorio en la fiscalía que la investiga por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves ocurridos durante las protestas antigubernamentales que dejaron 67 muertos.
Uno de los dos abogados de la mandataria, Joseph Campos, dijo a la prensa local luego de la comparecencia que decidieron no responder las 47 preguntas elaboradas tanto por la defensa de los familiares de los fallecidos como por la Procuraduría General, que en Perú es un órgano diferente a la Fiscalía y se encarga de solicitar reparaciones civiles en defensa del Estado.
«Hemos dicho ya no vamos a declarar», indicó Campos. La fiscal general Patricia Benavides y un fiscal adjunto le informaron a Boluarte de la ampliación de la investigación en otras regiones del país donde también hubo heridos y fallecidos. No le hicieron preguntas adicionales porque Boluarte negó cualquier imputación, indicó que ya había respondido en sesiones pasadas y se acogió a su derecho al silencio.
Juan José Quispe, uno de los abogados de los familiares de las víctimas y presente en la sesión, dijo a The Associated Press que una de las preguntas que Boluarte no respondió fue si era verdad que se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, en el palacio presidencial, en cuántas oportunidades, qué temas trataron y qué medidas dispuso ella como jefa constitucional de las Fuerzas Armadas y de la policía.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo de Perú, las protestas dejaron 49 civiles muertos en respuesta directa de las fuerzas de seguridad. Otros 11 civiles murieron en accidentes de tránsito u otros hechos ligados a los bloqueos de vías por los manifestantes y siete uniformados también perdieron la vida.
Quispe dijo que las 47 preguntas que la mandataria no respondió se consignaron en el acta de la sesión, pese a la inicial oposición del abogado de la presidenta. Boluarte y su abogado deliberaron a solas en una zona apartada de la sala de interrogatorios y luego de algunos minutos volvieron para firmar el acta.
La mandataria ha negado cualquier relación directa con las muertes de los manifestantes. Esta la segunda vez que Boluarte acude a la fiscalía. Un centenar de policías se ubicaron alrededor de la fiscalía para controlar posibles desmanes. Los agentes colocaron rejas en las cuadras cercanas para impedir el libre tránsito en esa zona del centro de Lima. El carro de la mandataria, con vidrios polarizados, ingresó a la sede del Ministerio Público sin detenerse y a su salida Boluarte no hizo declaraciones a la prensa.
El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el ex primer ministro Pedro Angulo, el actual primer ministro Alberto Otárola y otros exfuncionarios, incluidos el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre cuando su antecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentó disolver el Parlamento y fue destituido. Castillo está detenido en forma preventiva por tres años mientras es investigado por los presuntos delitos de corrupción y rebelión.
Tras el inicio de la gestión de Boluarte comenzaron a encenderse las protestas en las zonas rurales del sur de los Andes que exigían su renuncia y la de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron hasta llegar a Lima, pero se apaciguaron desde mediados de febrero.
El Congreso y la mandataria, pese a tener elevados índices de desaprobación, han decidido continuar con sus mandatos hasta 2026. Durante las protestas cuatro planes para acortar el mandato de Boluarte y de los legisladores fueron archivados por no alcanzar los votos necesarios en el Parlamento.