Casi cuatro meses después del arresto de monseñor Rolando Álvarez, el régimen Daniel Ortega lo trasladó hasta un juzgado para imputarle cargos de conspiración y propagación de noticias falsas.
En la audiencia luego de semanas de “secuestro”, según los disidentes, autoridades afines a la dictadura nicaragüense confirmaron los cargos contra el sacerdote y ordenaron su arresto domiciliar al sostener que con sus acciones trata de perjudicar al Estado, estrategia que se aplica contra otros religiosos y políticos críticos.
Imágenes difundidas por aliados del gobierno son las primeras que se tienen del líder religioso, quien se encontraba cercado por las fuerzas de Ortega en Managua tras la aprehensión de presuntos cómplices como religiosas, quienes se encuentran recluidas en la prisión de El Chipote por supuestos delitos que atentan contra la soberanía nacional.
Con dichas acciones, el régimen sandinista expone que no distingue entre religiosos y disidentes, pues Álvarez es el primer obispo que enfrenta un proceso penal en medio de una persecución por la que integrantes de la Iglesia católica se exiliaron antes de esta nueva embestida. Y decretó que la próxima audiencia será dentro de un mes, pues según un comunicado, la siguiente cita está programada para el 10 de enero del 2023.
Cabe destacar que desde hace meses, el régimen extendió el cerco contra opositores a los representantes católicos, a quienes impide salir de las inmediaciones de sus iglesias o dar misas y hasta los ha incomunicado.
Tras los hechos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció nuevas arbitrariedades contra quienes disienten del régimen y exigió la liberación de Álvarez para poner fin a la persecución contra la Iglesia.
Asimismo, reveló que durante el proceso también se presentaron cargos contra el sacerdote Uriel Vallejos para solicitar una orden de captura a la Interpol, pues es uno de los religiosos que el régimen declaró prófugos, pues huyó poco antes de ser detenido.