Ante la inminente aprobación esta noche en el Congreso de la Unión de la reforma electoral (Plan B) que merma la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), el presente de éste órgano, Lorenzo Córdova, dijo que la batalla jurídica para defender al sistema electoral aún no termina.
“Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas, porque no son todavía tiempos de entierro; va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que, quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todos y todas, (y) que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar”, advirtió el consejero presidente del INE.
Córdova Vianello afirmó que aún vienen ahora los tiempos para defender el sistema electoral que hemos construido durante décadas agotando todas las vías jurídicas disponibles.
“Va a pasar por explotar todos los cauces jurídicos que estén al alcance de las ciudadanas, de los ciudadanos, y de las instituciones, para que -confiamos- el día de mañana a golpes de jurisprudencia salvemos a nuestra democracia; esa construcción que no es unos, es de todas y todos, y podamos en consecuencia seguir diciendo el día de mañana que en México seguimos construyendo cultura cívica y democracia, y no que hayamos emprendido una ruta de regresión democrática como lamentablemente ha ocurrido en otros países”, afirmó.
Sostuvo que “México tiene una enorme tarea y desafío histórico: preservar lo poco de lo bueno que hemos hecho bien en las últimas tres décadas: construir un sistema democrático en donde somos las y los ciudadanos con nuestro voto libre emitido en elecciones auténticas por autoridades autónomas del poder, e independientes de los legítimos -sin duda- intereses de partido, quienes decidimos quienes nos gobiernan y nos representan. Esa es una conquista democrática no vamos a perder”.
La víspera, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron su rechazo a la reforma electoral (Plan B), pues advirtieron que provocaría graves riesgos a la capacidad operativa electoral. Anunciaron que para preservar el orden constitucional promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todas las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amicus curiae que sean necesarios, en caso de que la norma sea aprobada.
El INE enumeró seis elementos riesgosos que contiene la reforma electoral, conocida como Plan B, que es respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador:
La reforma carece del más amplio consenso que debe existir entre los actores políticos para garantizar su legitimidad.
La eliminación que propone de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales pondría poner en riesgo no sólo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.
Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. “Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía”.
La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
Los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente, por lo que “despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna”.
“La reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas”.