El parlamento español aprobó ayer una ley que amplía los derechos al aborto y a las personas transgénero para los adolescentes, al tiempo que convierte a España en el primer país de Europa que dará derecho a las trabajadoras a una licencia menstrual remunerada.
La impulsora de las dos leyes fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, que pertenece al miembro menor del gobierno de coalición de izquierdas de España, el partido Unidas Podemos.
Los cambios en los derechos sexuales y reproductivos significan que las jóvenes de 16 y 17 años en España ahora pueden someterse a un aborto sin el consentimiento de los padres. Los productos para la higiene menstrual ahora se ofrecerán gratis en escuelas y prisiones, mientras que los centros de salud estatales harán lo mismo con los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después. La medida de licencia menstrual permite a las trabajadoras que sufren dolores menstruales debilitantes tomar tiempo libre remunerado.
Además, los cambios consagran en la ley el derecho a abortar en un hospital estatal. Actualmente, más del 80 por ciento de los procedimientos se realizan en clínicas privadas debido a un alto número de médicos en el sistema público que se niegan a realizarlos, muchos de ellos argumentando motivos religiosos.
Bajo el nuevo sistema, los médicos de los hospitales estatales no estarán obligados a realizar abortos, siempre que hayan registrado sus objeciones por escrito.
La ley del aborto se basa en la legislación aprobada en 2010 que representó un cambio importante para un país tradicionalmente católico, transformando a España en uno de los países más progresistas de Europa en materia de derechos reproductivos. El Tribunal Constitucional de España rechazó la semana pasada una impugnación del derechista Partido Popular contra permitir abortos en las primeras 14 semanas de embarazo.
Un paquete separado de reformas también aprobado por los legisladores ayer fortaleció los derechos de las personas transgénero, incluida la posibilidad de que cualquier ciudadano mayor de 16 años cambie su género registrado legalmente sin supervisión médica.
Los menores de entre 12 y 13 años necesitarán autorización del juez para cambiarse, mientras que los de entre 14 y 16 años deberán ir acompañados de sus padres o tutores legales.
Anteriormente, las personas transgénero necesitaban un diagnóstico de disforia de género por parte de varios médicos. La segunda ley también prohíbe la llamada “terapia de conversión” para personas LGBTQ y brinda apoyo estatal para lesbianas y mujeres solteras que buscan tratamiento de fecundación in vitro.
El gobierno de coalición de centro-izquierda está actualmente bajo fuego por otro de los proyectos estrella de Montero, una nueva ley de consentimiento sexual que pretendía aumentar la protección contra la violación pero que, sin darse cuenta, ha permitido que se reduzcan las penas de prisión de cientos de delincuentes sexuales.
La Ley “Solo sí significa sí” hace que el consentimiento verbal sea el componente clave en los casos de presunta agresión sexual. El gobierno ahora está luchando para presentar una versión modificada y poner fin a la controversia antes de las elecciones de este año.
Las tres iniciativas han encontrado una fuerte oposición de los partidos de derecha que forman el principal bloque de oposición de España.